Al menos 50 guatemaltecos —hombres y mujeres, que fueron capturados en la redada masiva de Postville, Iowa, ocurrida el pasado 12 de mayo— y aun permanecen con el rastreador electrónico atado a sus tobillos, para ser controlados. A las mujeres les aseguraron, al principio, que la medida sería por tres semanas, mientras que para los hombres sería por cinco meses. Esas fechas vencieron, y todos llevan aún puesto el brazalete. Los migrantes continúan sin poder trabajar, confusos por su situación legal. En esa redada fueron detenidos 287 guatemaltecos, porque trabajaban en forma ilegal en la procesadora de carne Agriprocessors. Al menos 214 connacionales capturados fueron deportados en octubre, tras cumplir una condena de cinco meses en distintas cárceles de EE. UU. Sin embargo, las mujeres detenidas y que fueron dejadas en libertad condicional, por causas humanitarias, permanecen en Postville con un brazalete electrónico atado a sus tobillos, y con la incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos. María López, una de las madres afectadas, se quejó de que muchas de ellas ni siquiera han sido citadas a la corte. "Cuando nos capturaron, las autoridades dijeron que nos deportarían en tres semanas;a estas alturas, no sabemos qué sucederá", manifestó. Por si fuera poco, Josué Muj Ixel, que llevaba cinco años de laborar en Agriprocessors, está confundido y no sabe por qué no ha sido deportado. "Yo me declaré culpable el día de la redada, y permanecí tres meses en prisión sin recibir ninguna condena, por eso exigí que me liberaran, y al hacerlo, me colocaron este brazalete", se quejó. A Ixel le han dicho que deberá testificar en la pesquisa que las autoridades llevan a cabo contra esa fábrica, que es investigada por más de mil delitos laborales. "Sólo quiero mi cita en la corte, quiero mi deportación; ya no quiero estar aquí porque se acabaron las oportunidades de trabajo", expresó. "El sábado que viene Rigoberta Menchú nos vamos a desahogar con ella", adelantó López. Los pocos guatemaltecos que quedaron en Postville, bajo libertad condicional, viven de la caridad porque no pueden trabajar. La iglesia católica Santa Brígida se ha encargado de apoyar a esas familias, mediante donaciones. Luz María Hernández, voluntaria de esa iglesia, contó que ha escuchado que el retraso para quitarles el brazalete se debe a que las autoridades arreglan papeles para otorgarles visa tipo U, que les permitiría laborar o permanecer por un tiempo en ese país. "Nos quisiéramos quedar aquí, por el futuro de los niños, porque en nuestra aldea —El Rosario, Sacatepéquez—, no hay escuelas", manifestó López.
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